La guerra ha terminado, aunque no para todos. La paradoja colombiana consiste, precisamente, en que las muertes por enfrentamientos de la guerrilla con el ejército y/o con las milicias paramilitares están siendo sustituidas por una masacre de otro tipo, pero que no es ajena al prolongado conflicto. Un informe de la organización no gubernamental colombiana “Somos Defensores” que se dio a conocer en estos días denuncia lo que está ocurriendo. “Lo que en 2016 parecía una mala premonición, hoy es una delicada realidad: – dice el informe titulado “Agúzate ¡que nos están matando!” – hay un importante incremento de homicidios y ataques contra la vida e integridad física de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia”. A continuación se reportan las cifras, crudas, que fundamentan la denuncia: en el primer semestre de 2017 han sido asesinados 51 líderes sociales en el país: indígenas, campesinos y sindicalistas.

El reportaje es de Osvaldo Betancour Arias, publicado por Tierras de América, 19-08-2017.

En el análisis pormenorizado, el informe muestra que el incremento de los ataques respecto del mismo período de 2016 ha sido del 31%. “Se pasó de 35 casos reportados en el primer semestre de 2016 a 51 defensores, defensoras, líderes o lideresas sociales asesinados en los primeros seis meses de 2017”. En siete casos las víctimas fueron secuestradas antes de matarlas. Los cuerpos de seis de ellas mostraban también señales de tortura y crueldad. Las muertes, en su mayoría (80%) fueron planificadas. De estos homicidios, el 86% corresponde a hombres (44 casos) y el 14% a mujeres, siete casos, cinco más que las asesinadas entre enero y junio de 2016. Repasando los datos biográficos de los muertos se nota que los más afectados fueron los líderes de comunidades locales (sobre todo los que residen en áreas rurales) y campesinos (con el número más alto de homicidios: 28 sobre 51). En cuanto a los responsables de los crímenes, “Somos Defensores” hace notar que mientras el gobierno insiste en afirmar que el paramilitarismo se ha disuelto, los que denuncian amenazas o secuestros señalan como responsables a miembros de las milicias paramilitares en el 59% de los casos denunciados, y sujetos no identificados en el 32% restante.

Este tipo de violencia no es nueva en Colombia – hacen notar los redactores del informe – pero “ahora, con el silencio de los fusiles de las FARC, esta violencia se focaliza aún más contra los activistas de derechos humanos”.

Hasta aquí, lo que dice el informe. “¿Qué hay detrás de lo que está ocurriendo?” se pregunta la principal revista de Colombia, “Semana”, que recoge y difunde la respuesta de Ceferino Mosquera Murillo, Presidente de la Confederación de las Juntas de Acción comunal: “Hoy los líderes sociales estamos en peligro porque quienes llegan a ocupar esos territorios que dejaron las Farc quieren hacerlo a sangre y fuego”. Mosquera, que representa a miles de líderes de las comunidades del país, insiste en que, contrariamente a lo que se podría pensar, en el pos conflicto persiste el riesgo para las cabezas visibles de los movimientos sociales y populares.

La cuestión es si el Estado está en condiciones de intervenir en los conflictos locales cotidianos que acostumbraban a resolver las Farc “de forma déspota, pero eficaz”, como señalan Ariel Ávila y Jorge Eduardo Londoño en su libro “Seguridad y Justicia en tiempos de paz”.

Es sabido que los conflictos entre vecinos que no se podían resolver en los espacios establecidos por las Juntas de Acción Comunal eran elevados a un “consejo de seguridad” presidido por el comandante guerrillero de la zona, que “controlaba el hurto, mantenía normas de convivencia en la comunidad y, en general garantizaba el funcionamiento de diferentes economías ilegales e informales”, explican los investigadores Patricia Bulla y Sergio Guarín en un estudio sobre el fenómeno. Es evidente que en estos contextos no se puede garantizar la seguridad solamente con el control militar territorial, en el caso de que lo hubiere. Tiene que ir más allá y asumir el reto de prevenir y resolver los problemas de seguridad y convivencia que afrontan las personas en su vida cotidiana. Que “no reciben la misma atención por parte de las autoridades”.

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