El Senado de Argentina aprobó el 14-12 una ley de emergencia social que garante recursos para trabajadores de la economía popular. El proyecto es resultado de un acuerdo entre movimientos sociales y el gobierno de Mauricio Macri. El régimen de emergencia tendrá validad hasta diciembre de 2019, cuando se encierra el mandato del presidente.

La ley fue aprobada por unanimidad, con 49 votos a favor. Sin embargo, los senadores conectados al kirchnerismo no comparecieron a la sesión. El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados el 6-12.

Con 49 votos afirmativos se aprueba por unanimidad el proyecto de prórroga de emergencia social

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) 14 de dezembro de 2016

La aprobación de la emergencia social asigna 30 mil millones de pesos para la asistencia social de trabajadores de la economía popular. Según el régimen de emergencia, el gobierno debe realizar cambios en el presupuesto para garantir ese dinero – sin que eso signifique retirar recursos de otros gastos sociales. La ley también determina la creación de un consejo de la economía popular, que irá implementar un salario social complementar para los integrantes de ese sector.

Los movimientos sociales que impulsaron el proyecto afirman que él irá a crear un millón de empleos. Para recibir los beneficios, los trabajadores deberán inscribirse en un registro nacional de la economía popular, igualmente creado a partir de la ley.

El acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sociales se dio en el sentido de garantir derechos y beneficios de trabajo para un sector de la economía marcado por la informalidad. De acuerdo con el texto aprobado, el objetivo de la ley es “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular, con vistas a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y ocio, vacaciones y protección de seguridad social.”

El objetivo del gobierno al implementar el proyecto pedido por las organizaciones sociales es el de reducir la insatisfacción social en medio a una difícil situación social y económica: los datos oficiales indican que la pobreza alcanza un tercio de la población argentina. Macri adoptó la estrategia de dialogar con sindicatos y movimientos sociales para intentar evitar huelgas y paralizaciones, que traerían desgaste a su gobierno.

#EmergenciaSocial Orgullosos por lo hecho, nos duele lo que falta. https://t.co/K065O4ymGq pic.twitter.com/OCebcZg48K

— Gildo Onorato (@GildoOnorato) 8 de dezembro de 2016

Con un año en el poder, Macri no tiene números positivos para mostrar en la economía. El ajuste fiscal implementado por él tenía el objetivo de reducir el déficit fiscal, pero este se mantuvo alto. El presidente selló la paz de Argentina con el mercado internacional, lo que le permitió volver a pedir préstamos en el Exterior. Eso ha causado, sin embargo, un aumento en la deuda pública del país, lo que puede perjudicar la economía a largo plazo.