Ecuador rechaza la política migratoria de Trump

Estados Unidos deporta a 45 ecuatorianos indocumentados en un vuelo chárter

Un llavero con su nombre, César, que emula ser una estrella del paseo de la fama de Hollywood en miniatura es todo el fruto de 14 años de vida y trabajo en Estados Unidos. Ser indocumentado no fue un obstáculo para que el taxista César Puente ahorrase 8.000 dólares, comprara dos coches y alquilara un departamento. Pero sí le impidió regresar a su país, Ecuador, cuando él hubiera querido y con sus pertenencias. La decisión la tomaron las autoridades estadounidenses: aterrizó el pasado viernes 23 de junio en un vuelo chárter directo a Guayaquil. Lo hizo acompañado de otros 44 compatriotas y con las esposas puestas en pies y manos durante todo el trayecto.

El reportaje es de Sara España, publicado por El País, 30-06-2017.

Fue la primera deportación de ecuatorianos de la era Trump, pero no la única de la historia nacional. En 2016, otros 1.200 emigrantes ilegales regresaron al país y desde febrero, solo en Nueva York y Nueva Jersey, se han iniciado 173 trámites más. Dada la crudeza de las condiciones con las que el nuevo Gobierno de EE UU ha tratado a los emigrantes que, en algunos casos, llevaban años en suelo estadounidense, las autoridades ecuatorianas han reaccionado a la defensiva. "No se les da de comer para que no vayan al baño y así no tener que quitarles las esposas y grilletes, además llegan sin bienes". Así describió cómo fue el vuelo de retorno la asambleísta Ximena Peña (del partido en el Gobierno, Alianza PAIS). También la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, denunció que sus "connacionales que habitan en EE UU están sufriendo persecución, deportaciones; están sufriendo detenciones".

Y así fue el regreso a Ecuador del taxista César Puente, de 44 años, con su llavero; del trabajador de la construcción Christian Orellana, detenido en marzo por una infracción de tráfico y recluido desde entonces; del cuencano Alberto que ni siquiera pudo despedirse de los dos hijos que deja en Nevada; y de Silvia, que fue apresada por "la migra" –autoridades de migración– cuando trataba de cruzar la frontera entre México y EE UU de forma ilegal. Y así también fue el drama de Diego Puma, de 19 años, que fue apresado –un día después que su madre– cuando faltaban solo unas horas para que celebrara su graduación junto a sus compañeros de secundaria.

A ninguno de los 45 ecuatorianos deportados el viernes pasado les sirvieron los abogados, las defensas, las pruebas o los argumentos presentados en Estados Unidos para poder continuar con su vida allí. Y a todos les toca ahora empezar desde cero: buscar trabajo, seguir estudiando, reencontrarse con amigos y familiares... Y lo más difícil: sobreponerse a la sensación de vergüenza o fracaso que trataron de ocultar el día de su retorno al salir del aeropuerto a toda prisa, sin mediar apenas palabra con la prensa e, incluso, con la cara tapada.

Aunque no había autoridades ni funcionarios para recibir al grupo en Guayaquil, la Asamblea Nacional ha dispuesto un programa de ayudas. La legisladora Peña propuso un proyecto de 14 puntos, aprobado esta misma semana, en el que de forma oficial se solidarizan con los afectados y en el que se establecen medidas de reinserción social y laboral. La resolución reconoce las acciones del Gobierno, que aprobó a inicios de año un plan de contingencia para asistir a los indocumentados. A la vez, rechaza la política migratoria del presidente Donald Trump por atropellar los derechos humanos de la comunidad migrante.

Según Jorge Torres, coordinador del programa de contingencia en el ámbito triestatal (Nueva York, New Jersey y Connecticut), ha encontrado casos de "migrantes que han sido detenidos injustamente o a los que se les están poniendo fianzas demasiado altas, y casos de personas a las que no se les permite ver un juez". Por eso, la resolución de la Asamblea también exhorta a la Cancillería a que realice una revisión de la situación e identifique los mecanismos diplomáticos que permitan garantizar un trato digno a los aproximadamente 170.000 ecuatorianos –de un millón– que viven sin papeles y con una angustia creciente desde que Donald Trump se hizo con la presidencia de Estados Unidos.

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