28 Março 2017
En Venezuela no hay Estado de derecho porque ni siquiera hay “estado”. No solo en el sentido de que no funcionan los órganos de administración de la cosa pública, sino en el más elemental que denota el verbo estar.
El comentário es publicado por la revista SIC, do Centro Gumilla, dos jesuítas venezuelanos, 26-03-2017.
En Venezuela no hay Estado de derecho porque ni siquiera hay “estado”. No solo en el sentido de que no funcionan los órganos de administración de la cosa pública, sino en el más elemental que denota el verbo estar. No hay estado porque no hay reglas fijas, porque nada es previsible, porque nada permanece, porque nunca se sabe lo que va a pasar. No se sabe si un policía te va a proteger o te va a asaltar o es cómplice de los asaltantes; no se sabe cuánto va a costar hoy lo mismo que se compró la semana pasada; no se sabe si un funcionario te va a atender o no te va a atender o te va a extorsionar; no se sabe si el pasajero que va a tu lado en el bus o la buseta es un pasajero como tú o es un asaltante; no se sabe si hay medicinas o implementos médicos y, si los hay, no se sabe si te va a alcanzar endeudándote o si ni siquiera así te llega para comprarlos; no se sabe si el lugar donde trabajas va a seguir trabajando o se va a cerrar o van a disminuir drásticamente la plantilla; más elementalmente no se sabe si va a haber comida; no se sabe si te van a secuestrar o si te van a matar en un asalto o con una bala perdida; no se sabe si tus hijos van a seguir en el país o te vas a quedar solo…
No hay nada previsible, ninguna regularidad, nada estable. Aunque también puede pasar que te llegue el dinero para la compra, que no te pase nada, que haya una convivencia satisfactoria en el vecindario y hasta que te atiendan en una oficina del Estado. Y hasta puede pasar que tengan un encuentro familiar muy alegre y que en un hospital te atiendan satisfactoriamente y que un funcionario policial te salve la vida y que te salgan las cosas muy bien. Lo más normal es que ocurran eventos desagradables o muy dolorosos o que no se arreglen cosas que se solucionarían, si hubiera una cierta normalidad; pero la imprevisibilidad es tan grande que puede pasar cualquier cosa y cuando hay normalidad parece algo anormal.
Si no hay “estado” en este sentido tan elemental, menos lo hay en el sentido de que funcione el conjunto de los poderes y órganos de gobierno del país. Más aún, el que no funcione el Estado es una de las causas, la principal, para que no haya estado en el sentido elemental que hemos señalado. Es muy grave que el Gobierno solo se ocupe de preservar el poder y en ese sentido ya no sea un gobierno totalitario, porque ya no intenta seriamente imponer a los ciudadanos una institucionalidad e incluso unas directrices vitales, sino una dictadura. Pero es más grave todavía que, al ocuparse solo de preservar el poder, ha abandonado las funciones de gobierno y por eso lo que hay es un desgobierno y lo que funciona es por la resiliencia de funcionarios honestos que, por hacer honor a su cargo y por respetarse a sí mismos y a los que atienden, se empeñan en que funcione. Pero no les resulta fácil porque el cambio en las cúpulas de cada órgano de gobierno es tan acelerado que ni los ministros tienen tiempo de hacerse cargo de su ministerio cuando ya los rotan. La ineficiencia tiene que ver con que este Gobierno solo gobierna con los suyos y no con los ciudadanos más idóneos para cada cargo. Esto lo refrendó – digamos oficialmente – Chávez cuando, en respuesta a las críticas al presidente de PDVSA que afirmó ante sus empleados que para trabajar ahí lo más importante era ser rojo rojito, él lo ratificó ampliándolo para todos los departamentos del Estado. La consecuencia para la petrolera estatal es la caída brutal de productividad, ya que cuando la asumió el actual Gobierno costaba cinco dólares producir un barril y ahora supera con mucho los veinte. Han matado a la gallina de los huevos de oro y por eso el endeudamiento brutal, incluso cuando había altos precios de petróleo. Por si fuera poco, a esto se suma la falta absoluta de trasparencia, la negativa a dar cuentas y la impunidad absoluta ante el incumplimiento de los deberes del cargo e incluso ante los robos descarados, sistemáticos y en unas proporciones nunca vistas en nuestro país.
Aun así, no atribuimos solo a la falta de Estado el que no haya nada firme y previsible en Venezuela. La otra causa, tan grande como ella, aunque obviamente conectada a la impunidad reinante, es que muchos, muchísimos, han dejado de lado su dignidad y se han dedicado a aprovecharse de la situación, del desorden.
Obviamente que si no hay estado ni Estado, mucho menos hay Estado de derecho, que es el régimen propio de las sociedades democráticas en el que la Constitución garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder.
Las dictaduras que hemos tenido en el siglo XX emplearon la fuerza para conservar el poder, pero entendieron también que un modo de comprar la legitimidad o por lo menos la aquiescencia de muchos ciudadanos era contribuir al progreso con el orden, de manera que, al estar seguras las propiedades y poder circular los ciudadanos y las mercancías con seguridad, los negocios podrían prosperar y se podría invertir a largo plazo. Así pues, la represión era selectiva: iba dirigida solamente a los opositores políticos y, más aún, si eran armados. A los demás ciudadanos se les garantizaba la protección, igual que a la propiedad privada. Por eso desde la segunda mitad de los años veinte del siglo pasado empezó a configurarse el Estado en sus diversos ministerios; este proceso se aceleró a la muerte de Gómez y se incrementó en la primera década de los cuarenta e incluso en la dictadura de Pérez Jiménez.
Lamentablemente, en este régimen, continúa la represión selectiva de los opositores al Gobierno; pero, como hemos insistido, no hay nada del orden de las dictaduras tradicionales.
Estamos asistiendo al desmantelamiento del Estado. El Poder Judicial está intervenido por el Gobierno y por eso no hay ninguna protección judicial frente al uso arbitrario del poder. No la tienen ni los ciudadanos respecto de atropellos de otros ciudadanos, ya que gran parte de los jueces se dejan comprar, ni muchísimo menos respecto de los atropellos del Gobierno, ya que son un apéndice suyo. Por eso también convalidan los atropellos del Gobierno respecto de otros poderes, actualmente respecto de la Asamblea Nacional. Lo mismo podemos decir del Poder Electoral que, al ser un apéndice del Gobierno, obra discrecionalmente saltándose sistemáticamente la Constitución.
Ahora bien, el propio Gobierno es el que obra más discrecionalmente, como si él fuera el Estado, todo el Estado, en contra no solo del espíritu, sino de la letra de la Constitución. Por eso es patente que no estamos en un Estado democrático.
Es tal su discrecionalidad que no se sabe lo que es legal y lo que no lo es: de hecho, para el Gobierno es legal todo lo que él hace y lo es por principio, porque él es el equivalente del monarca absoluto, y es ilegal lo que hace la oposición, todo lo que haga.
Ahora bien, donde más se nota que no estamos en un Estado de derecho es en que no se respetan los derechos fundamentales de las personas y, ante ese irrespeto sistemático, no hay ninguna sanción. Esto es lo más grave de todo. Esto es lo que lleva a calificar al Gobierno de inhumano, de infame, por estar absorbido en conservar el poder y no importarle nada más. Incluso parecería que pretendiera basar su poder en la miseria y la postración de la ciudadanía.
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