Tras la elección de Mauricio Macri en noviembre de 2015, la Argentina se ha convertido en punta de lanza de la nueva derecha latinoamericana; la misma que, en Brasil, acaba de aprobar el impeachment de la presidenta electa por un golpe parlamentario de un congreso plagado de corruptos y delincuentes. Macri comparte con sus socios brasileños, el líder del congreso Eduardo Cunha y el vicepresidente Michel Temer, no sólo la predilección por los negocios offshore y la desviación de fondos públicos a socios y amigos.

El reportaje es publicado por OpenDemacracy, 28-04-2016.

El co-titular de Fleg Trading, Kagemusha, Opalsen S.A. y Macri Group Panamá, involucrado también en más de una docena de otras empresas pantalla en paraísos fiscales, también sigue el ejemplo de sus pares de Rusia, Ucrania, Siria y Qatar nombrados en los Papeles de Panamá a la hora de usar la justicia para perseguir opositores y recortar la libertad de expresión. Pero a diferencia de lo que sucedió con Putin, Assad y Poroshenko, los medios argentinos afiliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación han minimizado el involucramiento del presidente argentino en el escándalo de las cuentas offshore.

Con el beneplácito de sus socios internacionales, los diarios La Nación y Clarín mantuvieron en secreto las revelaciones sobre los negocios turbios de Macri hasta después de las elecciones presidenciales. Más aún, su gobierno fue informado de la publicación con al menos un mes de anticipación, lo suficiente como para armar estrategias mediáticas y jurídicas que desviaran la atención del escándalo.

¡Ladrones! (gritaba el ladrón, mientras metía la mano en la billetera)

Esta participación de medios de comunicación en el andamiaje político y a favor de grupos económicamente beneficiados no resulta novedosa. Sin embargo, hay niveles de obscenidad en dichas prácticas y quizás el caso argentino represente uno de los más flagrantes de los últimos tiempos. Cuando, bajo la dirección del periódico alemán Süddeutsche Zeitung, medios de diferentes países fueron convocados para coordinar la investigación, en la Argentina sólo se eligió a medios férreamente alineados con el macrismo, sin permitir el ingreso de ninguna voz independiente. Para colmo, el propio diario La Nación figura en los Papeles de Panamá como dueño de empresas offshore.

El tejido de acontecimientos posterior a las revelaciones no deja mucho lugar a dudas: en el momento del lanzamiento mundial de los Panamá Papers, el macrismo ya había urdido una red de contranoticias para cubrirlo, entre las cuales se destaca una catarata de imputaciones contra ex funcionarios y aparentes socios de la administración previa, mientras Macri declaraba estar “sorprendido” ante la existencia de sociedades offshore en cuya titularidad se turnaba con su padre y hermanos. El clímax de la operación llegó cuando se tapó la inevitable imputación al presidente actual con otra, al día siguiente, contra la su predecesora Cristina Fernández de Kirchner, la cual por supuesto cubrió las primeras planas.

La principal excusa de Macri, que una de las sociedades se creó para una operación que nunca avanzó, fue bochornosamente desmentida por Página/12 a través de una simple búsqueda en Google que resultó en –créase o no– un artículo del año 2002 del mismísimo diario La Nación. Al mismo tiempo, han surgido indicios de que empresas offshore a nombre de colaboradores de Macri podrían haber sido usadas para desviar millones de fondos públicos a la campaña electoral del PRO, el partido de Macri, que ha bloqueado asímismo la investigación iniciada por el gobierno anterior de las cuentas offshore relacionadas con allegados a la ESMA, uno de los principales centros de tortura de la última dictadura militar.

Pero el blindaje periodístico del presidente y varios de sus ministros es sólo la punta de un iceberg que ha venido operando desde hace décadas. El Grupo Clarín es porcentualmente uno de los multimedios con más concentración en todo el mundo, dueño de proveedores de televisión por cable, servicios de internet, radios, canales de televisión abierta y medios impresos. El diario del mismo nombre es el segundo de más tirada en español a nivel global. Junto con La Nación, el Grupo Clarín posee asímismo la mayoría accionaria del monopólico productor de papel de diario Papel Prensa, que fue adquirido en circunstancias sospechosas durante la última dictadura militar y que (al igual que sucede en Brasil con O Estado de São Paulo y O Globo) les permitió por décadas controlar la expresión pública impresa y audiovisual.

El gobierno kirchnerista intentó desarticular ese monopolio a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, votada con amplia mayoría en ambas cámaras en 2009. Luego contaría con el triste honor de ser la ley más judicializada en la historia argentina, hasta que en 2013 la Corte Suprema la declaró constitucional. En su primer día de gobierno, Macri se apresuró a derogar dicha Ley con un Decreto de Necesidad y Urgencia: el Grupo Clarín, como resultado de esta devolución de favores, no sólo no deberá desmembrarse sino que ya está cerrando contratos para acceder al único rubro que aún le faltaba, la telefonía móvil.

Como resultado de esa reinstauración de los monopolios, los escasos medios opositores a Macri comienzan a desintegrarse y periodistas que lo han denunciado fueron echados de sus puestos. Así, a nadie puede sorprender que ataques armados a locales de la oposición y amenazas de bomba contra centros de derechos humanos hayan pasado casi desapercibidos, que las manifestaciones contrarias al gobierno sean negadas o minimizadas o que se escondan los despidos masivos que según fuentes sindicales ya suman más de 200 mil desde la asunción de Macri.

Siempre fue claro que las políticas de ajuste que llevaría a cabo el gobierno no iban a ser particularmente populares y que se requería la manipulación mediática para contener los desbordes. Sin embargo, la fuerza con la que este procedimiento está siendo llevado a cabo bordea la memoria de los tiempos más oscuros en la historia reciente del país.

Primero la sentencia, después el proceso

La protección mediática del gobierno de Macri funciona en conjunción con sectores de un poder judicial que, bajo la consigna general de la “corrupción”, buscan fundamentalmente perseguir, debilitar y en lo posible encarcelar a figuras políticas opositoras. Este protagonismo del poder judicial no es nuevo, y forma parte de una avanzada regional que encuentra en el caso brasileño y en el juez Sergio Moro –cabeza principal de la avanzada contra el ex presidente Lula– un ejemplo acabado.

Ese mismo esquema ya estaba en funcionamiento en Argentina, pero adquiere un nuevo impulso y alcance con la actual ofensiva judicial contra Cristina Kirchner: el juez Claudio Bonadío — un juez de perfil abiertamente pro-Macri, con antecedentes en el gobierno notoriamente corrupto de Carlos Menem, acusado de ‘dormir’ causes de tráfico de sangre contaminado y del encubrimiento oficial del atentado a la mutual judía AMIA en 1994, entre otras — la citó a declarar por una causa de debilísima base legal, que fue reconocida por un amplio espectro de juristas como persecución lisa y llanamente política (el juez acusa a la cúpula del gobierno anterior por una fijación del cambio de la moneda, medida que claramente forma parte de las atribuciones que tiene cualquier gobierno.)

Esa avanzada del poder judicial debe ser leída en el marco de otras irregularidades jurídicas, notablemente la prisión ‘provisional’ de la dirigente popular Milagro Sala en Jujuy, donde el mismo abogado defensor ha sido amenazado con una causa. El objetivo de estos jueces al servicio de sectores políticos y mediáticos parece ser el mismo: la foto en la cárcel de los dirigentes opositores.

Este mismo poder judicial, sin embargo, ha sido más que remiso en perseguir a figuras centrales del actual gobierno, empezando por el mismo Macri, quien acumula numerosas causas a las que ahora se le suman las de sus empresas offshore. Se trata de jueces abiertamente parciales, alineados con objetivos políticos del oficialismo –sobre todo, el de liquidar el peso simbólico del kirchnerismo. Pero se trata también de algo aún más grave: un poder judicial que quiere funcionar como vigilante de la política, que busca vaciar los sentidos históricos de las luchas, y que funciona como herramienta automática para una gestión neoliberal de lo social.

Una república como la gente

La campaña que llevó al macrismo al poder estuvo basada en una imagen de profesionalismo y respeto por las instituciones de un Estado que los medios corporativos habían retratado como invadido, manipulado, y utilizado por el kichnerismo como una maquinaria o bien disfuncional, o bien movilizada para su propio beneficio económico y/o político. Siguiendo un guión tradicional de las derechas nuevas y viejas, toda política de inclusión ciudadana fue caricaturizada y demonizada como favoritismo o negociado. A pesar de esta persistente acusación, el nuevo gobierno no se sintió limitado en su contratación de allegados y familiares para ocupar altos y medios cargos en las estructuras del estado, mientras se intenta proyectar como limpieza y prudencia la expulsión y ninguneo de aquellos ahora considerados ‘ñoquis’ sobrantes.

Más allá del cinismo que esta política de shock social connota, más allá de lo anecdótico que puede parecer la contratación serial de esposas, primos, yernos y amigos, se trata de una agenda política que transfiere poder y control de la economía a grandes capitales corporativos ligados a los funcionarios del macrismo. Es en este contexto que se inscriben fenómenos aparentemente desconectados tales como la contratación como funcionarios y licitaciones de contratos estatales a familiares y amigos, la obediencia a capitales especulativos que connota el pago a los fondos buitre, y las cuentas offshore del presidente, cuya supuesta ‘legalidad’ se sustenta en la lógica del capital transnacional.

‘El que tiene hambre de verdad, come cualquier cosa’

Hay un vínculo que une episodios aparentemente muy diversos como los negocios offshore de empresarios argentinos, la persecución jurídico-mediática contra políticos o militantes sociales renuentes al consenso de Washington y las inhumanas declaraciones de los funcionarios de la actual gestión –como la pronunciada por la vicepresidenta del Consejo Escolar de la Provincia de Buenos Aires para justificar la distribución de leche vencida en barrios pobres– efectuadas para justificar la supresión de las ayudas a los sectores vulnerables. Este vínculo es la descomunal evasión fiscal en países como la Argentina.

Desde hace décadas, los medios corporativos multiplican las denuncias por corrupción contra políticos contrarios a sus intereses para instalar en la población la idea de que pagar impuestos resulta inútil en un país donde los funcionarios se apropian los fondos públicos o los dilapidan financiando puestos estatales superfluos. Desde hace décadas, los medios concentrados suscitaron así una descabellada, pero eficaz, solidaridad entre los pequeños comerciantes, los profesionales o los trabajadores calificados obligados a pagar, como en cualquier otra parte del mundo, un impuesto a las ganancias, y los grandes empresarios que, como Macri y su familia, se dedican a abrir cuentas offshore para escapar a los controles del fisco.

Esta campaña puede resumirse con una declaración realizada por el periodista Jorge Lanata para el periódico madrileño ABC y publicada el 12 diciembre de 2015: “Macri no necesita poder ni dinero. Es muy noble que haya querido ponerse al frente del caos que hay en la Argentina”. Excluir a los pobres de la política, debido a que están tentados por la malversación de fondos públicos, y sustituirlos por los ricos: resulta difícil encontrar en la historia de la humanidad semejante declaración de amor a la plutocracia. Y esta dificultad nos da una idea de las proporciones de aquella campaña: no solamente para que semejante enormidad haya sido proferida sino también para que una buena porción de la opinión pública haya llegado a compartirla. Y plutocracia, después de todo, tal vez sea solo el antiguo nombre de esta nueva democracia offshore.