El gobierno del presidente Evo Morales, en Bolivia, revocó concesiones de exploración de minas, ordenó revertir concesiones operadas por empresas privadas y obligó la sindicalización de los mineros. Las decisiones, que tienen el efecto de reducir el poder de las cooperativas mineras, fueron tomadas a través de la emisión de decretos presidenciales.

Las medidas son una represalia por el asesinato del viceministro del Interior del país, Rodolfo Illanes, ocurrido el día 25/08/2016, y son parte de un conflicto entre el gobierno y las cooperativas de mineros, que se agravó a lo largo de agosto. El gobierno ya había detenido también nueve mineros acusados de estar involucrados en el crimen. Otros 5 mineros murieron en el embate con la policía que siguió al homicidio.

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— Maria Nela Prada T. (@MariaNelaPradaT) 2 de setembro de 2016

Hoy, las cooperativas operan parte de las concesiones para exploración de las minas y tercerizan parte de ellas a empresas privadas bolivianas y extranjeras. El foco del actual conflicto es la disposición del gobierno a no permitir más que esas empresas exploren los recursos naturales del país, conforme a la alteración reciente en la Ley de Minería boliviana. Esto venía siendo combatido por las cooperativas, y acabó con la alianza entre ellas y el gobierno de Evo Morales.

También fueron revocadas concesiones de minas que están inactivas. El decreto que obliga a la sindicalización fuerza a aquellos que trabajan informalmente en las minas a que se encuadren en la Ley General del Trabajo del país - lo que saca fuerza a las cooperativas.

Más allá de esas medidas, que han atingido directamente a los mineros cooperados, también queda prohibido el uso de explosivos en cualquier tipo de manifestación social. Los mineros utilizaban dinamita en sus protestas.

Adecuación a la Constitución

Las decisiones del gobierno encuentran amparo en la legislación del país. De acuerdo con Katu Arkonada, investigador y analista del Centro de Estudios aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Ceadesc, en Cochabamba, Bolivia, la Constitución del país registra que “las áreas de exploración minera otorgadas por contrato no pueden ser transferidas, abarcadas y transmitidas por sucesión hereditaria”.

Como también nota Arkonada, la Constitución boliviana afirma que “los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado”. Así, la tercerización a otras empresas está prohibida en el país.

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