Muchas mujeres que quedan embarazadas tienen la expectativa de tener a sus bebés de la forma más natural posible – sin la necesidad de una intervención quirúrgica, con el parto humanizado, en ambiente acogedor. Ellas se preparan y buscan información en consonancia con un movimiento que crece en todo el mundo. Sin embargo, si viven en América Latina y, sobretodo, en Brasil, la posibilidad de frustración por una cesárea violenta es bien alta.

Por aquí, la realidad se configura diferente de ese imaginario idealizado. En el continente campeón mundial en cesarianas, cuatro en cada diez partos realizados son cesáreas (38,9%), porcentaje muy superior a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud – OMS (entre 10% y 15%). Brasil arrastra esa fila, computando un porcentaje de 56%. Para tener una idea, ocho de cada diez mujeres brasileñas que optan por tener hijos en instituciones privadas lo hacen por medio de cesariana. En Haití, la falta de acceso a los servicios de salud pone la misma tasa en 5,5%, debajo de lo recomendado.

Presentada como procedimiento rápido, indoloro y electivo, en el que la madre no precisa ser rehén de la voluntad del bebé o de los dolores inherentes al nacimiento, la cesariana es un derecho de toda mujer, recomendada cuando la gestante entra en trabajo de parto y por complicaciones, se establece una situación de emergencia. No es sobre esa realidad que se trata este texto, sino sobre una faceta controversia que, si impuesta por los profesionales del sistema de salud, puede dejar marcas y traumas.

Datos de la OMG Artemis clasifican la violencia obstétrica como una realidad que puede ocurrir en la gestación, en el parto, en el pos parto o en situaciones de aborto. Relatos recibidos por la entidad envuelven quejas sobre inducción a la cesárea desnecesaria, gritos y ofensas del equipo médico, episiotomía (corte en el perineo) sin el consentimiento, prohibición del acompañante en la hora del parto y no permanencia del hijo junto a la madre luego después del nacimiento, entre otras. En su página web, hay un espacio en donde las víctimas de ese tipo de agresiones pueden registrar su experiencia, lo que ayuda a mapear el escenario en América Latina.

Índice dispara en el Continente

En las últimas dos décadas, el índice de cesáreas, casi dobló entre los hospitales latinoamericanos. Entre 1990 y 2014, la tasa en América Latina y en el Caribe aumentó de 23% para 43%, según la OMS. En países como Argentina y Venezuela, la violencia ostétrica es reconocida como un crimen cometido contra las mujeres y, según las leyes de estos países, caracterizado por la apropiación de cuerpo y procesos reproductivos femeninos por los profesionales de la salud, a través del tratamiento deshumanizado. También incluye abuso de la medicalización y patología de los procesos naturales. Como consecuencia, son mencionadas la pérdida de la autonomía y de la capacidad de las mujeres de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando en la calidad de vida.

En Brasil, según la Fundación Perseu Abramo, una en cada cuatro mujeres sufre algún tipo de violencia en el atendimiento al parto. Una de las más comunes en América Latina, según la ONG Artemis, es la episiotomía indiscriminada. De acuerdo con evidencias levantadas por la entidad, el procedimiento tiene indicación para cerca de 10% a15% de los casos, pero es practicada en más de 90% de los partos en hospitales de América Latina.

De un tiempo para acá, inúmeras campañas realizadas por entidades que apoyan a esas “las” mujeres que sufrieron violencia ayudan a difundir información, aumentar la conciencia y a luchar por el derecho al parto humanizado. Con eso, muchas madres están, inclusive, buscando a la Justicia para procesar a los médicos que, según ellas, “les robaron su derecho de parir.”

Los índices de cesáreas crecen mismo en países con mayor predominancia indígena e histórico de nacimientos naturales, como Bolivia, en donde las cesarianas aumentaron de 14,6% en 2008 para 19% en 2012, y en Perú, que fue de 15,8% para 25%. Las altas tasas de cesarianas también fueron registradas en la República Dominicana (44%), en Colombia (43%), en México (39%) y en Chile (37%). Aunque no se sepa en cuantos casos la ida a la sala de cirugía era perfectamente evitable, la OMS caracteriza como pandemia el exceso de cesáreas sin indicación médica.

Paliativos del gobierno

Presionado por la opinión pública el gobierno brasileño dió un paso para cambiar esa realidad en 2015 y editó la Resolución Normativa 368 para cohibir cesáreas desnecesarias. Por la regla, los planos de salud deberían divulgar, si solicitados, los porcentajes de cirugías cesarianas y de partos normales por establecimiento de salud y por médico. La norma también obligó a las operadoras a proporcionar la tarjeta de la gestante y a exigir que los obstetras utilicen el parto grama, un documento en el cual es registrado todo lo que sucede durante el trabajo de parto.

En la época, entidades médicas, como la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Estado de San Pablo, dijeron que la medida era inocua. Cesar Fernandes, director científico de la entidad, dijo que la regla lanzaba una cortina de humo sobre el problema. “La resolución opta por demonizar al médico en vez de combatir el problema que está en la falta de equipos de residentes en las maternidades”, informó al reportaje del periódico El País.

En materia reciente publicada en el portal Rojo sobre la financiación de la salud pública – tema que también inspiró las discusiones en la edición 491 de la revista IHU On-Line, hay una reflexión sobre como la cesárea se transformó en un buen negocio en América Latina. El texto informa que, en México, por ejemplo, a pesar de ser más económico para el seguro social realizar partos naturales en vez de cesáreas, es una cuestión de rapidez y eficiencia, dice Karen Luna, una investigadora jurídica del Grupo de Información en elección Reproductiva – GIRE.

“Muchas veces no hay camas ni médicos suficientes, y, a veces, las mujeres dan a luz sentadas o en el piso para volver todo mucho más rápido”, afirma. Además de eso, el personal médico, no tiene la información adecuada en materia de derechos humanos ni de género, añade Luna, lo que desemboca en violencia obstétrica.”

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