27 Julho 2018
Este 24 de julio, el gobierno de Trump dijo a una corte federal que más de 450 padres inmigrantes que fueron separados de sus hijos ya no se encuentran en Estados Unidos, lo cual ha desatado cuestionamientos acerca de si los padres comprendían del todo que estaban siendo deportados sin sus hijos.
El reportaje es de Miriam Jordan y Caitlin Dickerson, publicada por The New York Times, 25-07-2018.
Estos padres —casi una quinta parte de los 2551 migrantes que fueron separados de sus hijos después de cruzar la frontera suroeste— fueron rápidamente deportados o de alguna manera dejaron el país sin sus hijos, dijeron abogados del gobierno.
La cifra exacta, 463, todavía está “en revisión”, especificaron, por lo cual podría modificarse. Sin embargo, es la primera vez que el gobierno ha reconocido que cientos de familias migrantes enfrentan obstáculos enormes de burocracia y distancia que no fueron previstos en las primeras etapas de la política de tolerancia cero para hacer cumplir las leyes migratorias.
La estimación previa de la cantidad de casos era de solo doce, aunque se refería solamente a los padres de los niños más pequeños.
“Estamos extremadamente preocupados de que un gran porcentaje de padres tal vez ya hayan dejado el país sin sus hijos”, dijo Lee Gelernt, un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que ha demandado al gobierno por el manejo de los niños migrantes. Gelernt dijo que se requiere mayor claridad para entender lo que había pasado.
Al enfrentar una fecha límite ordenada por la corte —el 26 de julio—, las agencias federales deben reunir a más de 1500 padres migrantes con sus hijos en alrededor de 24 horas. Esos padres son tan solo una porción del número total que fue separado: aquellos que han sido considerados como elegibles después de una revisión de sus antecedentes y una confirmación de su paradero en Estados Unidos o el extranjero.
Regresar los hijos incluso a los padres seleccionados ha sido complicado y ha revelado los retos que enfrenta el gobierno para cumplir con la orden judicial. Por ejemplo: las reunificaciones en el centro de detención de Port Isabel en el sur de Texas se detuvieron abruptamente el 22 de julio después de un cierre de cinco horas, según Carlos García, un abogado migratorio que no pudo ingresar a las instalaciones para reunirse con sus clientes. El cierre se debió a un fallo en el conteo de los detenidos, dijo García.
Fue apenas uno de los problemas más recientes en Port Isabel, donde los padres, sus hijos y sus abogados han tenido que esperar durante horas, o incluso días, para reunirse. “Es un caos”, dijo el martes una persona familiarizada con el proceso de reunificación, y agregó que “los tiempos de espera han sido muy largos”.
La fuente dijo que los cuidadores de los niños han tenido que solicitar habitaciones en hoteles, los cuales han sido aprobados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la agencia que supervisa el cuidado de los niños separados.
Entre los migrantes que estaban en el interior de Port Isabel cuando ocurrió el cierre del domingo se encontraba Irma, una mujer hondureña de 35 años separada durante más de dos meses de sus dos hijos adolescentes, Fernando y Jonathan.
Irma, quien pidió que solo se usara su nombre de pila, no pensaba que fuera posible reunirse con sus hijos. Un funcionario federal le había dicho que nunca volvería a verlos.
“Fue horrible, horrible”, dijo Irma el martes en medio del llanto, en el aeropuerto en McAllen, Texas. La familia estaba a punto de abordar un vuelo a Baltimore.
Los obstáculos en el proceso de reunificación fueron discutidos en una audiencia el martes, en la cual se explicó con un poco más de detalle el número de padres que al parecer habían dejado el país o habían sido deportados sin sus hijos.
El juez que ordenó las reunificaciones, Dana M. Sabraw, de la Corte de Distrito Federal de San Diego, calificó la situación como el resultado “desafortunado” de una política que fue implementada “sin previsión para reunificar o mantener un registro de las personas”.
Algunos abogados de los inmigrantes dijeron que muchos de los padres habían aceptado ser deportados rápidamente con la creencia de que de esa manera acelerarían la reunificación; y tal vez sin entender que se irían y dejarían a sus hijos.
“Nuestros abogados voluntarios que están trabajando con los padres detenidos separados de sus hijos ven a muchas personas que firmaron formatos que no entendían”, dijo Taylor Levy, coordinador legal de Annunciation House en El Paso, que brinda asistencia a migrantes. “Pensaron que la única manera en que verían de nuevo a sus hijos era aceptar la deportación”.
“Es particularmente problemático para indígenas guatemaltecos que no hablan español con fluidez y no se les dieron explicaciones en sus idiomas nativos”, dijo Levy.
Las autoridades fronterizas están presionando a la gente para que acepte la deportación rápida, aseguran abogados migratorios y activistas.
“Estamos conscientes de instancias en las que los padres se han sentido obligados y no entendieron por completo las consecuencias de firmar o sintieron que no tenían otra opción”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho Migratorio, el cual representa a migrantes.
“Nuestros abogados voluntarios que están trabajando con los padres detenidos separados de sus hijos ven a muchas personas que firmaron formatos que no entendieron”.
En un intento por frenar el flujo de inmigrantes indocumentados, el gobierno de Trump puso en marcha en mayo una política en la que cada adulto detenido al ingresar de manera ilegal al país era sujeto de un proceso penal. Como parte de la política de mano dura, alrededor de tres mil niños fueron separados de sus padres.
Después del clamor internacional, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de junio para detener las separaciones. El juez Sabraw emitió una orden que establecía que todas las familias deberían ser reunificadas dentro de treinta días, una fecha límite que se cumplirá este jueves.
Las autoridades han estado transportando a padres e hijos a puntos de reunión en Texas, Nuevo México y Arizona. Después de la reunificación, diversas organizaciones sin fines de lucro ayudan a las familias a llegar a varios destinos en Estados Unidos para esperar otras audiencias en la corte migratoria. Cientos de voluntarios están involucrados en esta tarea, la cual incluye ofrecer hospedaje temporal, pasajes de avión y otros tipos de asistencia.
No obstante, el ritmo acelerado de las reunificaciones también ha generado preocupaciones por cómo podría afectar a los casos legales, la salud o la seguridad de los padres y los hijos. La Sociedad de Ayuda Legal de Nueva York presentó peticiones de habeas corpus el 24 de julio para evitar que nueve niños separados fueran llevados fuera de Nueva York antes de que ellos y sus abogados puedieran contactar a sus padres para determinar quó es mejor para los niños. Las peticiones fueron transferidas a San Diego y combinadas con la demanda presentada por la separación familiar.
Las presentaciones judiciales describieron los casos de cuatro hermanos que quieren ser reunificados con su madre, pero no si eso causaría que todos fueran deportados a Honduras, donde consideran que su vida podría estar en peligro. También mencionan a una niña de 9 años de El Salvador que no desea regresar al centro de detención donde fue obligada a comer alimentos echados a perder, y de la madre de un niño de 9 años de Honduras que teme que si el menor queda detenido con ella no recibirá sus medicamentos para tratar su hiperactividad.
Los expedientes, que señalan que a los niños les son negados sus derechos, se abrieron a partir de una demanda que la Sociedad de Ayuda Legal presentó la semana pasada en la Corte de Distrito Federal en Manhattan que ordena a las autoridades migratorias notificar con 48 horas de anticipación a los abogados antes de mover a sus clientes. Ese caso también fue llevado a la corte federal en San Diego.
La semana pasada, el juez Sabraw suspendió de manera temporal la deportación de familias reunificadas, pero abogados migratorios han reportado que muchos de sus clientes han sido derivados a instalaciones de detención familiar y no liberados, lo cual indica que podrían ser deportados cuando la suspensión del juez termine.
Un vocero del Departamento de Justicia dijo que el gobierno no hace comentarios sobre litigios en proceso.
Funcionarios de migración han dicho que todos los padres que fueron deportados sin sus hijos tomaron una decisión informada y aceptaron por escrito dejar a sus hijos en Estados Unidos. El gobierno afirma que trabajadores bilingües e intérpretes están disponibles para ofrecer su asistencia.
Algunos migrantes centroamericanos son analfabetos. Y muchos migrantes provenientes de las montañas de Guatemala, donde se hablan diversos dialectos, no hablan español.
El gobierno dice en sus presentaciones que ha reunido a 879 padres con sus hijos. Otros 538 padres han sido autorizados a reunirse y están a la espera de ser trasladados.
De acuerdo con la orden de la corte, el gobierno comenzó con la reunificación de 102 padres cuyos hijos tienen 5 años o menos. Actualmente está reunificando al grupo más grande, que incluye menores cuyas edades oscilan entre los 5 y los 17 años.
En casos en los que los padres deciden dejar el país sin sus hijos, se designa a un patrocinador —tradicionalmente un pariente— para que cuide al menor. Los patrocinadores son sometidos a profundas revisiones de antecedentes antes de que se les entreguen los menores en custodia. Mientras tanto, los menores permanecen en refugios.
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Más de 450 padres inmigrantes podrían haber sido deportados sin sus hijos - Instituto Humanitas Unisinos - IHU
