"Berta Cáceres luchó contra los intereses de poderosos en Honduras y fue perseguida y amenazada muchas veces. Debemos recordar que el Ministerio Público la llevó a juicio el 2013 y por la presión y la solidaridad internacional fue liberada. Ahora se nos pide que confiemos en el mismo Ministerio Público en la investigación sobre su muerte", escribe Brigitte Gynther, estadounidense, licenciada en antropología y estudios internacionales de Paz, es parte del Equipo SOA Watch.

El artículo puede ser leído abajo.

Este lunes 2 de mayo, las autoridades de Honduras detuvieron a 4 hombres sospechosos del asesinato, en marzo pasado, de la activista Berta Cáceres. Tres de los detenidos son miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas de Honduras y 2 de ellos tienen vínculos con DESA, la empresa que construye el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca por el cual Berta luchaba, junto a COPINH, para detener.

Hoy los investigadores del gobierno de Honduras admiten que los asesinos tienen vínculos con las Fuerzas Armadas de Honduras. Es el momento que Estados Unidos ponga fin a la financiación y al entrenamiento de las fuerzas de seguridad de Honduras.

El COPINH y la familia de Berta, siguen pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un grupo de expertos para que investigue este caso. Es difícil creer que el gobierno de Honduras tendrá la voluntad política de investigar a los que están detrás de este crimen a los autores intelectuales que ordenaron este asesinato.

Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, señaló a The Guardian que “El Estado de Honduras está también estrechamente ligado a la muerte de mi madre como para llevar a cabo una investigación independiente”.

Desde el principio, ha habido señales claras de que las autoridades de Honduras han manipulando la investigación llegando incluso a interrogar a miembros del COPINH.

Pese a todas las denuncias y protestas a nivel internacional por los años de amenazas y persecución que vivió Berta Cáceres, por su defensa del río Gualcarque, los investigadores se tomaron nada menos que 11 días para que ir a las instalaciones de DESA y declararon la investigación “secreta” excluyendo a los abogados de la familia de la investigación.

Por tal razón, las hijas de Berta y el COPINH levantaron la demanda de justicia a nivel internacional, por el asesinato de Berta y la continua persecución de los movimientos sociales, y pidieron a los EEUU y Europa poner fin a la ayuda en materia de seguridad que se sigue dando a Honduras pese a las reiteradas violaciones de los derechos humanos y el crimen de más de 109 activistas en los últimos años.

La semana pasada, el Banco Europeo de Inversiones canceló un préstamo de 40 millones de dólares a Honduras, citando el asesinato de Berta Cáceres como la razón. Poco después, el gobierno de Honduras detiene a 4 hombres con vínculos con los militares y DESA, admitiendo por primera vez que Berta fue asesinada por su activismo.

Entre los detenidos figuran Sergio Rodríguez, Gerente Social y de Medio Ambiente de la empresa DESA y que Berta había denunciado por amenazar a COPINH durante una protesta contra el Proyecto de Agua Zarca el 20 de febrero pasado. También ha sido detenido el teniente en retiro Douglas Geovanny Bustillo quien anteriormente se desempeñó como jefe de seguridad del Proyecto de Agua Zarca. Los otros dos detenidos son Mariano Díaz Chávez un comandante activo del ejército de Honduras, y Edilson Atilio Duarte Meza, reportado como capitán retirado del Ejército de Honduras. Parece dudoso que habrían actuado únicamente por su cuenta.

Berta Cáceres luchó contra los intereses de poderosos en Honduras y fue perseguida y amenazada muchas veces. Debemos recordar que el Ministerio Público la llevó a juicio el 2013 y por la presión y la solidaridad internacional fue liberada.

Ahora se nos pide que confiemos en el mismo Ministerio Público en la investigación sobre su muerte. Sin embargo no ha habido transparencia en la investigación y el gobierno se sigue negando a que este crimen sea investigado por una comisión de expertos de la CIDH.

Hay que preguntarse ¿los superiores de las Fuerzas Armadas de Honduras y el gobierno han sido investigados en relación con el asesinato de Berta? ¿Ha sido o será investigado David Castillo, gerente de DESA, y los demás directores de la empresa, incluidos aquellos que pertenecen a la poderosa familia Atala, una de las familias que estuvo detrás del golpe de Estado de 2009 en Honduras? ¿Ha sido o será investigado Julián Pacheco, Secretario de Seguridad? ¿Serán investigados los funcionarios militares de la embajada de EEUU y la embajada tenía conocimiento de los planes para asesinar Berta? Estas pueden ser preguntas muy peligrosas de hacer.

El Periodista hondureño Félix Molina, conocido en todo el país por su programa de radio “Resistencia”, y que fue una de las voces más claras contra el golpe militar en Honduras, realizó preguntas muy similares este lunes después de las detenciones. Horas más tarde se produjo un atentado en su contra donde desconocidos le dispararon dejándolo herido.

Sea o no que todos los autores intelectuales del asesinato de Berta sean sometidos a la justicia, una cosa está clara: Estados Unidos debe dejar de financiar y entrenar a las Fuerzas Armadas de Honduras y otras fuerzas de seguridad.

Los EEUU han dado entrenamiento y apoyo a Los Tigres* (Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad) en Honduras con el objetivo declarado de luchar contra al tráfico de drogas. Sin embargo, Los Tigres pasan mucho tiempo en las instalaciones de DESA resguardando el Proyecto Agua Zarca.

¿Alguno de los militares de Honduras (actuales o anteriores) implicados en el asesinato de Berta fueron entrenados por los EEUU? ¿Estados Unidos acaso no financió al Primer Batallón de Ingenieros, que estaba estacionado en las instalaciones de DESA, responsable del asesinato del líder indígena Tomás García en 2013? ¿Cuándo se va poner fin al financiamiento de los EEUU a las fuerzas de seguridad de Honduras? ¿Cuántas personas más tienen que morir?

Los EEUU no es el único que tiene responsabilidad de lo que está ocurriendo en Honduras. En abril acompañé a la hija de Berta, Bertha Zúñiga Cáceres, al dirigente del COPINH Asención Martínez, a Rosalina Domínguez y Francisco Sánchez, del Consejo Indígena Río Blanco, a recurrir al Banco FMO de Desarrollo holandés y el Fondo Finn, de propiedad mayoritaria de los gobiernos holandés y finlandés respectivamente, para pedir la cancelación definitiva de su financiamiento del Proyecto de Agua Zarca. FMO aparentemente había ignorado el primer intento de Berta para informarles de las violaciones de los derechos humanos y la violencia en torno al Proyecto de Agua Zarca. Ahora, estos bancos comparten la responsabilidad de la violencia en la zona.

Francisco Sánchez y otros miembros del COPINH en Río Blanco también han sido amenazados por su oposición al Proyecto de Agua Zarca. Como ha indicado Rosalina, “no queremos más muertes”. Sin embargo, a pesar de las detenciones del lunes, el proyecto sigue adelante y los bancos aún tienen que retirarse definitivamente. Los EEUU mantienen la financiación de las fuerzas de seguridad de Honduras los cuales están desplegados en la zona de conflicto cuidando los intereses de los poderosos.

¿Cuántas personas más tendrá que morir para detener la financiación de la represión?

* Los Tigres son una fuerza de élite entrenadas en Colombia con apoyo de personal del séptimo grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos.