15 Julho 2016
Para la corte dicha norma es inconstitucional por ser "contraria al derecho al acceso a la justicia...", la ley viola articulos de la constitución nacional.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley de Amnistía que en 1993 perdonó crímenes cometidos durante la guerra civil que asoló al país entre 1980 y 1992. La Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 es inconstitucional por ser "contraria al derecho al acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales", señaló un comunicado de la Sala de lo Constitucional.
El reportaje es publicada por Agencia Ansur, 14-07-2016.
El mismo boletín agregó que esa ley también violenta el "derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario".
La ley de Amnistía, aprobada por el Congreso el 20 de marzo de 1993, fue anulada por la "violación" a dos artículos de la Constitución salvadoreña que están relacionados con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con el Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.
Además, indica, la amnistía contempla la extinción "en todo caso de la responsabilidad civil", lo que contradice el derecho a la indemnización por daño moral, pues "obstaculiza e impide precisamente una forma de reparación" consignada en la Constitución y el derecho humanitario internacional.
La guerra civil salvadoreña, que concluyó con la firma de acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, dejó en doce años una estela de 75.000 muertos, unos 7.000 desaparecidos y cuantiosas pérdidas a la economía del país.
La Sala recordó que en los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra "no se hizo ninguna alusión expresa a la amnistía" y que, "por el contrario", en esos acuerdos se pactó "cláusulas tendientes a combatir la impunidad y garantizar la justicia" en graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.
En una Ley de Reconciliación Nacional, aprobada el 23 de enero de 1992, se estableció que no gozarían de amnistía las personas que, según un informe de una Comisión de la Verdad que investigó atrocidades cometidas durante el conflicto, "hubieren participado en graves hechos de violencia" ocurridos desde el 1 de enero de 1980, reseñó la Sala.
No obstante, explicó la Sala de lo Constitucional, esa disposición de la Ley de Reconciliación Nacional resultó "derogada" con la Ley de Amnistía, "negando con ello lo pactado expresamente en los mencionados acuerdos".
