El Comité contra la Tortura de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió a Ecuador para explicar la falta de informaciones y el poco progreso en el castigo de los responsables por el tratamiento de cambio forzado de identidad sexual, el mes pasado, fue registrado el 20º aniversario de la descriminalización de la homosexualidad en Ecuador. Eso porque, hasta 1997, relacionarse con alguien del mismo sexo era crimen y podría ser castigado con hasta 8 años de prisión en régimen cerrado. La situación cambió cuando el Tribunal Constitucional, en el proceso nº 111-97-TC, abolió el primer parágrafo del artículo 516 del Código Penal, que criminalizaba la actividad entre personas del mismo sexo.

La decisión ocurrió después de un proceso de un grupo de activistas que argumentaron que era discriminatorio considerar la identidad sexual como un crimen. Aunque la decisión haya sido un avance, el país gobernado por Lenín Moreno sigue con deudas pendientes con la comunidad de gais, lésbicas, bisexuales y transexuales (LGBT).

Miembros del Comité contra la Tortura y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hasta el mes pasado, insistieron en exigir de Ecuador informaciones precisas sobre el asunto. La entidad cobra avances concretos en la judicialización de las quejas mediante la explicación de terapias forzadas para cambiar la identidad sexual que, según las organizaciones de los derechos humanos, fueron documentados hace por lo menos 17 años.

Ese tipo de práctica se constituye en un acto de violencia y en una falta de respeto a los derechos civiles. Un grupo de periodistas independientes del país hizo un reportaje especial con base en los informes oficiales, relatos de las víctimas que sufrieron internación contra su voluntad, documentos presentados por los activistas locales a los consejeros comunitarios y respuestas internacionales de centros especializados. El resultado es un recopilado de las dificultades que existen en el país para prevenir y castigar casos criminales de forma ejemplar, a pesar de los intentos del gobierno para crear un cuadro reglamentario más riguroso.

De acuerdo con los patrones identificados por las autoridades y por organizaciones no gubernamentales, los pacientes de estas terapias contaron que ellas ocurrieron principalmente en algunas clínicas privadas de tratamiento de vicios en que son ofrecidas terapias ilegales y clandestinas para la “cura” de la identidad heterosexual. Las investigaciones oficiales revelaron que las víctimas están bajo el rótulo de dependiente de drogas o alcohol como una forma de disimular la verdadera finalidad de internamiento forzado, que son promovidos por las familias de los afectados.

Entre 2009 y 2013, los casos de monitoreo judicial para activistas LGBT revelan que todavía hay un trabajo para hacer, y que el problema no puede ser considerado un capítulo cerrado en Ecuador. Una muestra de lo que sucede en estas clínicas puede ser vista en el trabajo de la fotógrafa Paola Paredes, 31 años, habitante de la ciudad de Quito. El año pasado, ella realizó un ensayo fotográfico documental con imágenes en escenarios para representar cuestiones que enfrentan la comunidad LGBT, registrando las actitudes contemporáneas en relación al homosexualidad en Ecuador.

Leia mais

• Caso Luiza Brunet: para advogadas, violência doméstica independe de classe social
• "Minha mãe morreu na mão de um companheiro", diz vítima de violência doméstica
• 'Eu não vou te matar': um retrato da violência doméstica
• Casamento homossexual avança no mundo, mas leis antigays também
• Número de casamentos gays cresceu 31,2% de 2013 para 2014
• Fugindo da perseguição e da violência por pertencer à comunidade LGBTI
• La cultura de la violencia de género (IHU/Adital)
• Um terço das mulheres europeias sofre com a violência de gênero
• A presença na ONU contra a violência de gênero