A inicios de la transición democrática paraguaya, tras 35 años de dictadura stronista, se sancionó una nueva Constitución (1992) a partir de una Asamblea Constituyente que representaba, aun con mayoría del partido colorado (122 de 198), un amplio y variado espectro ideológico. Dicha Carta Magna, en los albores de la primavera democrática, ha funcionado como un pacto social privilegiado y aun cuando ha sido violada -especialmente tras el golpe de estado de 2012- nunca ha podido reformarse. Y no por falta de intentos y proyectos.

El comentario es de Lorena Soler y Charles Quevedo, Coordinadores del Grupo de Trabajo de Clacso Intelectuales y Política, publicado por Página/12, 03-04-2017.

Como todos los presidentes anteriores - con excepción de Raúl Cubas, quien presentó la renuncia ante su inminente destitución-, Horacio Cartes volvió al ruedo con intenciones reformistas, pero limitadas exclusivamente al punto más sensible para la historia política de ese país: la reelección presidencial. Para ello apeló, como antes había hecho su colega Duarte Frutos, a la figura de enmienda constitucional, que en este caso habilita un período más para el presidente y los gobernadores, elimina la prohibición para la candidatura de legisladores y debilita las atribuciones del Congreso.

Cartes, como su antecesor colorado, no contaba con mayoría en el Parlamento, pero fue un pasó allá e impulsó algo parecido a un “Senado paralelo” – compuesto por 25 senadores colorados, liberales y luguistas – que modificó los artículos necesarios para suprimir las atribuciones al presidente del Senado y disminuir la mayoría requerida para la aprobación de mociones. Así, el pasado viernes 31 de marzo, fue aprobada en la Cámara de senadores la controvertida enmienda.

Lo insólito del proceso es el apoyo del Frente Guasú, un conglomerado de partidos de izquierda y centroizquierda liderado por el destituido presidente Fernando Lugo, quien desde hace varios meses vienen ensayando diversas formas políticas y jurídicas para participar nuevamente en la carrera presidencial de 2018. Alentado por recientes encuestas de intención de voto que lo colocan como “presidenciable”, ha trasgredido las mejoras tradiciones democráticas de la izquierda paraguaya que vendría a representar, al concretar un pacto con el cartismo y comprometer los votos de senadores del Frente Guasú para la aprobación de la enmienda constitucional a través de medios reñidos con la legalidad.

Inmediatamente después de aprobada la enmienda, en la tarde del viernes, se desencadenó una enérgica manifestación de protesta en las plazas contiguas al edificio del Congreso. La brutal represión de la policía dio lugar a una espiral de violencia que arrojó a numerosos heridos, entre ellos jóvenes y mujeres, legisladores y dirigentes políticos que acompañaban la protesta. Un centenar de manifestantes lograron irrumpir en el edificio del Congreso – en un momento en que se replegaron las fuerzas policiales –, y, algunos de ellos, quemaron muebles y con ello provocaron un incendio que fue propagándose rápidamente por todo el edificio.

La policía detuvo a más de 200 personas quienes denunciaron maltratos y golpes. En la madrugada del sábado, un grupo de policías ingresaron a la fuerza en el local partidario del PLRA – muy alejado del lugar donde se desarrolló la protesta – y disparando a las personas que estaban realizando una vigilia en el sitio, dieron muerte a un joven militante del partido liberal, Rodrigo Quintana de 25 años. Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del lugar no dejan lugar a dudas de que lo ocurrido fue un asesinato a sangre fría, una ejecución extrajudicial. El presidente Cartes se limitó a destituir al ministro del Interior y al jefe de Policía, eludiendo toda responsabilidad.

Lejos de apelar a la figura de “vándalos” –empleada por el gobierno y sus aliados luguistas en sus comunicados, con el fin de deslegitimar a los manifestantes–, es preciso poner en funcionamiento otras teorías. Las especulaciones son infinitas, pero el principio suele ser otro: la violencia de las clases dominantes ocurre mucho antes que la de las clases subalternas, quienes en general reaccionan frente a estas.

Las imágenes del Congreso en llamas son, quizás, las que mejor narran el sentido profundo de los sucesos. En rigor, son la metáfora más potente de una sociedad que reclama una nueva clase política y un nuevo pacto social. La “derecha” y cierta “izquierda” se han dado la mano para favorecer intereses absolutamente mezquinos. O mejor, tal vez la izquierda luguista tendió una alfombra roja para la reelección de Cartes y la consolidación de su neoliberalismo autoritario. En tanto, la ciudadanía mira entre desconcertada, apática y violenta.

Los escenarios futuros están en proceso. La enmienda puede aprobarse en la Cámara de Diputados – donde el cartismo cuanta con amplia mayoría – y el Tribunal Superior de Justicia Electoral llamar a referéndum. O quedar nuevamente en un cajón. Mientras se escriben estas líneas se instaló una carpa de resistencia ciudadana en la Plaza de Armas. La embajada de EE.UU. también se ha hecho oír. No quiere más incendios ni conflicto social y, poco a poco, tampoco a Horacio Cartes.

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