El proceso judicial que acaba de finalizar, y que condenó a los acusados, todos campesinos, estuvo teñido de cuestionamientos legal-procedimentales desde su inicio, hace ya cuatro años.
Hoy lunes 11 de julio se dio a conocer la sentencia del juicio que se abrió en 2012 sobre los once acusados por la llamada “Masacre de Curuguaty”. En medio de numerosas protestas e importantes medidas de seguridad policial fuera y dentro del Tribunal, los tres magistrados a cargo del juicio determinaron que los 11 procesados son culpables de invasión de inmueble ajeno y asociacion criminal. Además, encontraron a 9 de ellos culpables de homicidio -homicidio doloso consumado y en grado de tentativa, según el caso- y establecieron condenas que van de los 30 a los 4 años de prisión.

El reportaje es publicado por Telesur, 12-07-2016.

I - La matanza de Curuguaty fue el principal argumento de la oposición en el Parlamento para iniciar el juicio político al entonces Presidente Fernando Lugo. Ocurrió el 15 de junio de 2012 cuando alrededor de 300 policías fuertemente armados -grupos de élite- intentaron desalojar a unos 70 campesinos unas tierras -en litigio entre el Estado y una empresa- que habían ocupado en reclamo por su incorporación a los beneficios que el gobierno estaba otorgando a las organizaciones campesinas. El Presidente Lugo había ordenado tiempo antes la ejecución de desalojos pacíficos -sin armas- de tierras ocupadas por campesinos, para su posterior relocalización en predios que serían otorgados en propiedad a los mismos. En el caso de Curuguaty, hoy resuelto, se determinó que los campesinos se habían negado a iniciar el diálogo con las fuerzas de seguridad, que habían iniciado los disparos que dieron lugar a la masacre y que fueron los responsables de las 17 muertes, aunque éstas se dieron tanto en las fuerzas policiales (6) como en las filas campesinas (11).

El proceso judicial que acaba de finalizar, y que condenó a los acusados, todos campesinos, estuvo teñido de cuestionamientos legal-procedimentales desde su inicio, hace ya cuatro años. Entre otros, destacan la toma de testimonios sólo a policías, que no se hicieron adecuadamente las pericias, incluida la de balística para determinar qué grupo poseía los proyectiles de alto calibre, que se “perdieron” posteriormente evidencias forenses que indicaban el ajusticiamiento de campesinos, y la existencia de fuertes indicios de imparcialidad del fiscal y de otros letrados intervinientes en el caso, que sesgaron la orientación de la investigación hacia la culpabilidad de los acusados. La tónica de este largo juicio ha sido, desde el comienzo, la inversión del principio de presución de inocencia -desde su inicio los acusados están privados de su libertad-.

II - Que a escasos dos días de la masacre se presentara un pedido de juicio político contra Fernando Lugo y que cinco días después se votara mayoritariamente por su destitución en el Legislativo no deja de ser altamente llamativo; tampoco -por la misma razón- la constante parcialidad de la corporación judicial en la manera en que llevó adelante el juicio contra los campesinos. El rojo es la constante en ambos procesos. Las tierras ocupadas por los campesinos estaban siendo reclamadas como propias por un grupo empresarial perteneciente al hoy fallecido Blas Riquelme, ex presidente del Partido Colorado y de fuertes vínculos con Jalil Rachid, ex fiscal de la causa, hijo de una de las figuras mas importantes del mismo Partido, y hoy Viceministro de Orden y Seguridad del gobierno actual-. Y ya en el plano político, fue a instancias del Partido Colorado -a través del Diputado Luis Gneiting que se interpuso el pedido de juicio político contra Lugo por su supuesta responsabilidad política en los sucesos de Curuguaty y, de modo más general, por haber instigado las ocupaciones de tierras para generar el caos social, entre otros cargos investigados de manera express.

Así, la culpabilidad de los campesinos era necesaria para terminar de legitimar transitivamente la culpabilidad de Fernando Lugo, razón esgrimida para el golpe perpetrado por las élites políticas y económicas del Paraguay. Su tradicional dominio sobre la propiedad de la tierra y las principales instituciones del Estado fue puesto en cuestión por el inconcluso gobierno de Fernando Lugo. Éste quebró seis décadas de hegemonía política del Partido Colorado, y su destitución devolvió el poder del Estado a dicho Partido, tras el interregno del Vicepresidente Federico Franco y la victoria electoral del actual Presidente, el empresario ganadero y tabacalero Horacio Cartes. La quiebra del “orden establecido” en los cuatro años que duró su mandato también apuntó a la propiedad de tierras en un país en el que el 2% de los propietarios rurales siguen monopolizando el 80% de los predios cultivables. A pesar del pánico causado entre los terratenientes, las medidas en pro del campesinado no modificaron sustancialmente la estructura de la propiedad en tanto, a pesar de las denuncias de usurpación empresarial de tierras comunales y estatales presentadas por el Gobierno, el opositor Poder Judicial encargado de dirimirlas dilató su resolución hasta que cayeron en el olvido.

Los campesinos paraguayos hoy están en la misma situación de despojo y de indefensión institucional que hace décadas aunque hoy, la justicia que debía ampararlos, acaba de reiterar el mensaje de siempre: todo el peso de la ley caerá sobre quien se atreva a cuestionar el poder establecido. Y los campesinos no son los únicos destinatarios de la advertencia.