"Solo el 55% de nuestros jóvenes logran estudiar bachillerato (la tasa más baja de América Latina y el Caribe). Y en cuanto a la posibilidad de acceder a la educación superior, el país ocupa la antepenúltima posición, la 16", escribe Carlos Ayala Ramírez, director de la Rádio Ysuca, de la Universidad Centro-Americana "José Simeón Cañas" - UCA, de El Salvador, 05-07-2016.

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Dos nuevos documentos de información, medición y evaluación de la realidad han sido publicados en las últimas semanas. Los dos merecen atenta lectura por los temas que abordan y por la pertinencia y utilidad de sus aportes a la hora de cargar con los principales desafíos de la sociedad salvadoreña. El primero es el Índice de Progreso Social (SPI, por sus siglas en inglés), publicado por la organización Progreso Social Imperativo, que valora el grado en que los países satisfacen las necesidades sociales y medioambientales de sus ciudadanos. La publicación analiza datos de 133 países, cubriendo al 94% de la población mundial. Mide el desempeño de cada nación en 53 áreas, con el propósito de contestar tres preguntas: ¿se satisfacen las necesidades básicas de los ciudadanos?, ¿las bases del país están construidas para que la gente mejore su vida? y ¿hay oportunidades para que las personas mejoren su posición social?

Según los resultados de este año, los primeros lugares los ocupan Finlandia, Canadá, Dinamarca, Australia y Suiza. En lo que respecta a Centroamérica, Costa Rica y Panamá están ubicados en las posiciones 29 y 41, respectivamente, formando parte de los 50 países con mejores índices de progreso social. A distancia les siguen El Salvador (64), Nicaragua (78), Guatemala (87) y Honduras (90). Entre los factores que se avalúan están nutrición, acceso a agua potable y a vivienda, seguridad, educación, salud, derechos y libertades personales y calidad medioambiental.

El Salvador está ubicado en la categoría de progreso social medio-bajo, que abarca de la posición 63 a la 95. Se destacan como progresos importantes la mejoría en el ejercicio de los derechos personales: libertad de expresión, asociación, movimiento y culto. Asimismo, se resalta la implementación de políticas que posibilitan un mayor acceso a la vivienda, valorada como una necesidad y un derecho humano fundamental. Pero también hay datos alarmantes. Por ejemplo, el Índice muestra que entre 18 países de América Latina, El Salvador está en la posición 17 en materia de seguridad personal. Y a nivel mundial, está entre los 4 peor evaluados, con la posición 130.

Otro dato preocupante tiene que ver con la educación. Solo el 55% de nuestros jóvenes logran estudiar bachillerato (la tasa más baja de América Latina y el Caribe). Y en cuanto a la posibilidad de acceder a la educación superior, el país ocupa la antepenúltima posición, la 16. Medir la incidencia de las políticas estatales en las personas, más allá de la propaganda de los Gobiernos, es sin duda una de las utilidades de este tipo de herramientas.

El otro documento que merece especial atención es un plan, se titula “El Salvador educado, por el derecho a una educación de calidad” y fue elaborado por el Consejo Nacional de Educación. En el documento se examinan seis desafíos de la educación: seguridad en las escuelas, docencia, primera infancia, escolaridad universal, educación superior e infraestructura. Y como concretos son los desafíos, concretas han de ser también las acciones que los encaren. El plan propone 104 medidas con el propósito de lograr una sociedad más justa, productiva y equitativa, fundamentada en la educación de calidad proyectada como bien social.

Los autores explican que, en la actualidad, la calidad se entiende como sinónimo de eficiencia y eficacia del proceso educativo, se centra en el proceso mismo y en sus resultados, y su fin suele limitarse a responder a las necesidades productivas de la economía. Frente a este modo de entender la calidad educativa, el plan propone los siguientes criterios cualitativos de medición: (1) que la educación sea un instrumento de movilidad social y de combate contra la pobreza y la exclusión; (2) que sea un medio para empoderar a las personas, crear capacidades ciudadanas y productivas, desarrollar la resiliencia e inculcar valores de respeto e igualdad; (3) que sea una manera de construir democracia y de promover sociedades más igualitarias y pacíficas; (4) que sea indispensable para alcanzar un desarrollo sustentable; y (5) que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Se trata, pues, de una visión de calidad centrada en el estudiante, entendido como agente de cambio social.

Según el texto, este tipo de educación es la que puede formar ciudadanos seguros de sí mismos, capaces de desempeñarse de forma pertinente en los mercados de trabajo. Es la que puede formar personas comprometidas con el país y arraigadas en él, que se relacionen en armonía con los otros independientemente de su condición. Personas que se preocupen por su realidad y se involucren para resolver los problemas individuales y colectivos. Sin embargo, se advierte que no cualquier escuela tiene la capacidad de potenciar esas capacidades; se requiere de una escuela integral, inclusiva y verdaderamente transformadora.

Para el Consejo Nacional de Educación, el plan constituye una de las apuestas trascendentales que los diferentes sectores sociales deben impulsar en la presente década y está orientado a establecer el rumbo de la política educativa. Por tanto, estamos llamados a conocerlo, analizarlo y a involucrarnos en su implementación. No olvidemos que sigue confiándose en que la escuela asuma un rol determinante para reducir la aguda violencia que padece el país.