La Suprema Corte de Justicia de Argentina determinó el 3-5 que una ley que reduce la pena de condenados es aplicable a delitos de lesa humanidad. La sentencia puede beneficiar centenas de personas presas por los crímenes cometidos en la última dictadura del país (1976-1983).

La corte juzgó el caso de Luis Muiña, un paramilitar condenado por los delitos de lesa humanidad de tortura y de secuestro, y determinó que él puede ser beneficiado por una ley conocida en el país como “dos por uno”. Esa legislación determina que, a partir de dos años de detención, sean descontados dos días de pena para cada día que alguien pasa en la prisión sin tener su condenación confirmada por tribunales superiores a la primera instancia.

Así, la ley tiene el efecto de reducir la pena – y la corte decidió que ella es aplicable a los crímenes de lesa humanidad. La medida podría beneficiar a más de 750 personas detenidas por causa de su participación en la represión de la dictadura, según cálculos de la prensa argentina.

La Corte, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad https://t.co/avmVRmEusq

— Corte Suprema AR (@CorteSupremaAR) 3 de maio de 2017

La ley de dos por uno ya fue revocada – vigoró entre 1994 y 2001. La interpretación mayoritaria del tribunal fue la de que debe de prevalecer la ley más benigna para el condenado, en cualquier tipo de delito. Los ministros de la Suprema Corte notaron que no existe una legislación que determine una diferencia de tratamiento en casos de crímenes de lesa humanidad.

La decisión fue tomada por tres votos a dos. La corte es formada por cinco ministros.

La decisión de la Suprema Corte sorprendió y generó reacciones en Argentina. En los últimos años, el país llevó a juicio y condenó centenas de personas responsables por la represión de Estado en el período de la dictadura.

Los altos comandantes militares de la época fueron presos por su participación en los crímenes de lesa humanidad. El dictador Jorge Rafael Videla, que asumió la presidencia después del golpe de 1976, murió en la cárcel en 2013, a los 87 años.

La líder de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que la sentencia “abre la puerta para la impunidad de los genocidas.” Ella destacó que “hasta el día de hoy, era indiscutible” que la ley de dos por uno no se aplicaba a los condenados por crímenes de lesa humanidad, puesto que no estaba vigente ni durante el período de la dictadura ni en la época de los juicios de los represores.

Un comunicado conjunto emitidos por organizaciones de derechos humanos, de entre las cuales la de las Abuelas de Plaza de Mayo, afirma que “el beneficio de esta sentencia alcanzaría centenas de represores que estuvieron detenidos con prisiones preventivas y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e inclusive solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su pena.” En este caso, los presos pueden pedir a la Justicia la salida de la cárcel en libertad condicional.

El texto hace alusión a lo que llama de “vientos de impunidad vigentes.” Organizaciones que luchas por la memoria y por los derechos humanos han tenido algunas disputas con el gobierno de Mauricio Macri. Antes de él asumir la presidencia, los Kirchner habían impulsado una política que buscó conducir a la Justicia a los responsables por la represión de Estado durante la dictadura.

LA CORTE SUPREMA DECIDIÓ DEJAR EN LIBERTAD A LOS REPRESORES CONDENADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD https://t.co/eZ53HRaJg7

— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) 3 de maio de 2017

El secretario nacional de Derechos Humanos, Claudio Avruj, afirmó que “es preciso ser respetuoso de la ley, esta es una sentencia del órgano máximo del Poder Judiciario de la Nación.” Él destacó que “frente a la ley, somos todos iguales, y nadie está por encima de la ley.”