En una decisión tomada el día 13/07/2016, la Suprema Corte de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la ley de amnistía decretada en el país después del fin de su guerra civil (1979-1992). El veredicto abre camino para la responsabilización de los involucrados en violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto.

La Corte se basó en convenciones y tratados internacionales y en la Constitución del país para juzgar inconstitucional dos de los artículos de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993. De acuerdo con los magistrados, “la extensión de la amnistía es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario - DIH.”

Foto: Telesur

La ley de amnistía general

La decisión atendió un pedido de órganos locales de derechos humanos que cuestionaba la ley de amnistía de 1993, la cual fue decretada por las autoridades del país cinco días después de la divulgación del informe de la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes cometidos durante la guerra civil. La corte señaló que la amnistía para todos los crímenes contraría los acuerdos de paz qué finalizaron el conflicto, en los cuales se establecieron garantías de justicia para las violaciones de derechos humanos.

Los magistrados entendieron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles de acuerdo con el derecho internacional, y no pueden ser objeto de amnistía. Según la Suprema Corte, la vigencia de la ley impide que el Estado cumpla con sus obligaciones de investigar, juzgar y reparar las violaciones de derechos fundamentales que significaron los crímenes de la época.

{youtube}FU25xR0ZoWM{/youtube}

La guerra civil en El Salvador

El conflicto de 12 años, marcado por la violencia extrema, mató 75.000 personas en un país cuya población, hoy, es de 6,5 millones. La guerra civil opuso el gobierno militar apoyado por EEUU y guerrillas de izquierda. Estas se agruparon en una organización llamada Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional - FMLN. Hoy convertida en un partido político el FMLN gobierna el país. El actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, es un ex guerrillero.

En la decisión, la Suprema Corte enfatizó el carácter sistemático de los crímenes por parte tanto de las Fuerzas Armadas oficiales cómo de los rebeldes. El Salvador sufre altos índices de criminalidad hasta hoy, siendo uno de los países más violentos del mundo.

En referencia a la decisión de la Suprema Corte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, declaró que “hoy es un día histórico para los derechos humanos en El Salvador. Al dar la espalda a una ley que no hizo más que dejar que los criminales escaparon de la justicia después de cometer graves violaciones a los derechos humanos, el país está finalmente enfrentando su trágico pasado”.

La masacre de Ignacio Ellacuría y compañeros

La expectativa ahora es que, con la aprobación de la ley, pueden ser juzgadas personas que cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad. El único juicio que avanzó es el de la masacre de los seis padres jesuitas, junto con una doméstica y su hija, ocurrido en la Universidad Centroamericana - UCA en noviembre de 1989. Los militares involucrados en el crimen fueron apresados como consecuencia del proceso judicial en España, país que cuenta con una ley de jurisdicción universal. Fueron asesinados los religiosos padre Ignacio Ellacuría, padre Ignacio Martín-Baró, padre Segundo Montes, padre Amando López, padre Juan Ramón Moreno, padre Joaquín López y López, Julia Elba Ramos y Celina Meredith Ramos, estas últimas madre e hija.

El crimen es considerado un punto de inflexión en el conflicto. A partir de él, aumentó la presión internacional para que las partes dialogaran y firmarán un acuerdo para finalizar la guerra civil.

Amnistía en América Latina

Los conflictos armados y los regímenes dictatoriales que se desparramaron por América Latina en la segunda mitad del siglo XX dejaron marcas en el continente - entre ellas, la dificultad de llevar a la Justicia a los responsables de los crímenes. Cada país lidió con la situación de una manera particular.

En Brasil, la ley de amnistía de 1979 impide que los involucrados en crímenes cometidos durante la dictadura sean responsabilizados criminalmente. Hasta hoy, ningún militar fue condenado en el país por violaciones de derechos que sucedieron al golpe de 1964. En 2010, el Supremo Tribunal Federal - STF rechazó un pedido de la Orden de los Abogados de Brasil - OAB para revisar la ley de amnistía.

Por otro lado, en la Argentina, los presidentes militares fueron llevados a la Justicia. Jorge Rafael Videla, el comandante del Ejército en la época del golpe de 1976, murió en prisión, en 2013, a los 87 años.

Por João Flores da Cunha / IHU y agencias | Traducción: Mariana Szájbély