Por: Vitor Necchi | 19 Julho 2017
Las constantes agresiones al ambiente natural cometidas por grandes grupos económicos, con la complacencia de gobiernos y dispositivos legales, han llevado a una movilización internacional para que el ecocidio sea considerado delito universal. Esta es la propuesta del juez español Baltasar Garzón, para quien los ataques sistemáticos contra la naturaleza por parte de corporaciones, que promueven exploraciones arbitrarias y abusivas, demandan nuevos desafíos, en un escenario en que los gobiernos no avanzan en la formulación de políticas y leyes de protección integral. Para que esto suceda, es necesaria una alteración del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional. Esto se constituye en una esperanza para quien considera la naturaleza como un sujeto de derechos.
La abogada escocesa Polly Higgins, una de las más renombradas ambientalistas del mundo, es una de las defensoras de que los crímenes ambientales sean tratados como ecocidio. Ella recuerda que en 1996, cuando se discutió el Estatuto de Roma (firmado en 1998), los crímenes ambientales fueron incluidos, pero después terminaron siendo eliminados en la redacción final por presión de varias potencias, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, además de grandes corporaciones multinacionales de agricultura, energía nuclear y combustibles fósiles. Para la abogada, es necesario retomar lo que se perdió en el Estatuto de Roma.
La falta de un orden legal que trate estos temas crea situaciones como la verificada en Ecuador en relación a Texaco, que operó en el país entre 1964 y 1992. La empresa, que actualmente integra la norteamericana Chevron, dejó en el Amazonas ecuatoriano desechos provenientes de fugas ocurridas durante la exploración del petróleo. Se estima que 500 mil hectáreas y la salud de millares de personas fueron afectadas por los residuos.
Un grupo de indígenas inició una disputa judicial para obtener reparación, pero la batalla en los tribunales dura ya 24 años, desde que la empresa dejó Ecuador, y no se consiguió casi nada. En 2013, los indígenas obtuvieron una importante victoria, cuando un tribunal condenó a Chevron a pagar 9,5 billones de dólares. Mientras tanto, este valor no pudo ser cobrado, porque la empresa dejó el país y no hay como ejecutar la sentencia. Ecuador intenta que Brasil, Argentina y Canadá bloqueen activos de la compañía para que la sentencia pueda ser cumplida.
Garzón protesta que no hay estructuras internacionales fuertes en condiciones de exigir responsabilización a la casa matriz de la empresa. Según el juez, si hoy ocurre un genocidio, habrá una respuesta nacional o en la Corte Penal Internacional. “Esta respuesta internacional es lo que falta en los casos de crímenes contra el medio ambiente”, defiende.
Los problemas derivados de la exploración de los ambientes naturales se encuentran en varios países de América Latina. En Argentina, por ejemplo, el extractivismo está entre las principales actividades económicas, con el objetivo de abastecer mercados globales. Esto viene devastando un volumen significativo de recursos del país, principalmente a causa de la minería y el monocultivo.
Existe una peculiaridad en el país, donde ocurren casi todos los tipos de exploración del ambiente: minería, industria petrolífera, agricultura y pesca. El resultado es una fuerte subordinación a la globalización y un conjunto de impactos negativos en la sociedad y en la naturaleza, que superan los beneficios venidos de la economía.
El ambientalista Eduardo Gudynas considera que, frente a esta situación, es indispensable buscar alternativas para salir de la dependencia de este modelo y encontrar sustitutos a los proyectos extractivistas. El país está comenzando a promover estas discusiones, al mismo tiempo que surgen posicionamientos de que estas críticas y resistencias no bastan, pues, sin minería, no habría desarrollo, o es más, sin plantaciones de soja, la economía nacional colapsaría. El post-extractivismo obliga a reflexiones políticas importantes, entre ellas el cuestionamiento de si es una alternativa pasar de una minería transnacional a un modelo estatal.
Gudynas, proyectando una transición post-extractivista, propone algunos escenarios posibles teniendo en cuenta no solo la realidad de Argentina, sino también discusiones realizadas en países vecinos. En Argentina, el segmento extractivista mantiene una porción relevante de la economía, situación que no puede ser dejada de lado en la discusión. Los commodities provenientes del extractivismo corresponden a un 70% de las ventas externas del país, siendo que el 40% se refiere a la soja y a otros cultivos agrícolas. Los números son tan expresivos que generaron un superávit en la balanza del comercio exterior en los últimos años.
Existe un elevado costo ambiental. La minería y la plantación de soja, por ejemplo, generan varios tipos de impactos, entre ellos, contaminación de suelos y agua, deforestación, deterioro de los suelos como consecuencia del monocultivo y daños provocados en las poblaciones que viven en las áreas afectadas. Este conjunto de situaciones termina generando muchos conflictos locales, afectando el ambiente y la calidad de vida de las personas. Para agravar el escenario, empresas y el Estado hostigan, criminalizan y judicializan la resistencia de las comunidades. El extractivismo no mejoró la vida de la población, pero tampoco es ofrecida ninguna alternativa económica a largo plazo.
En Brasil, varios retrocesos son verificados en los últimos años en relaciona la defensa del ambiente natural. Parlamentarios anti-indígenas lograron aprobar en el Congreso Nacional la Propuesta de Enmienda Constitucional 215, con la cual pretenden no solo impedir la demarcación de tierras indígenas, sino también redefinir las tierras ya regularizadas y abrirlas para la exploración del latifundio y el agro negocio. Es lo que afirma el Manifiesto de Palmas en defensa de la vida y de la Madre Tierra, publicado el día 30 de octubre de 2015.
Recientemente, el día 11 de julio, el presidente Michel Temer sancionó la Medida Provisoria – MP 759/2016, también conocida como MP del Acaparamiento de Tierras. Según el sitio del Senado, ella “dispone sobre la regularización de tierra rural y urbana, sobre la liquidación de créditos concedidos a los colonos de la reforma agraria y sobre la regularización de tierras en el ámbito del Amazonas Legal”. Los ambientalistas presentan una lectura distinta y temen por las consecuencias de esta MP. El coordinador de Políticas Públicas de Greenpeace Brasil, Márcio Astrini, es taxativo: “Su aprobación fue una victoria de sectores como el ruralista”. Astrini cuenta que gran parte de la MP fue redactada por grupos de intereses instalados en el propio Congreso. “Estos personajes hace mucho tiempo que quieren ver aprobados retrocesos como los contenidos en la 759, a pesar de que muchas de sus propuestas siempre tuvieron bastante dificultad en ser aprobadas, porque son débiles en apoyo popular, en justicia social y por ir en contra de la Constitución”, recuerda. “La diferencia es que ahora sus autores encontraron un presidente servil a sus propósitos”.
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