29 Julho 2016
El partido de oposición ha pedido aumento de pena por aborto. Fundación Sí a la Vida no está de acuerdo con la propuesta
Teodora del Carmen Vásquez sufrió una emergencia obstétrica en la que perdió a su bebé mientras estaba en el trabajo, ella se desmayó y al recuperar el conocimiento la policía estaba en el lugar, fue esposada y era sospechosa de un asesinato.
El reportaje es de Gloria Marisela Morán, publicado por Resumen Latinoamericano, 25-07-2016.
Después de ser esposada fue llevada a un hospital y recibió la asistencia médica que necesitaba, pero pasó del nosocomio a la cárcel y en 2008 fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado.
Como Teodora, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, 129 mujeres fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado cuando el producto del embarazo dejó de existir en los últimos meses de gestación entre el año 2000 y 2011.
El estudio “Del Hospital a la Cárcel”, presentado en 2013, constató que las mujeres que sufren la criminalización del aborto tienen las características de ser menores de 25 años, viven en zonas rurales, están condición de pobreza, no tienen ingresos económicos fijos y tienen bajo nivel educativo.
También el estudio reveló que la mayoría de mujeres que están encarceladas han sido denuncias por personal de los hospitales públicos por sospechas de aborto y son condenadas por homicidio agravado.
Actualmente distintas organizaciones han solicitados a las entidades de justicia salvadoreñas que revisen el caso de Teodora, pues aseguran que existen vacíos legales que favorecieron a que ella fuera condenada hace ocho años. Solicitan un indulto que le otorgue la libertad inmediata para que pueda reunirse con su hijo de 11 años.
ARENA propone aumento de penas
El pasado 11 de julio el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Ricardo Velásquez Parcker, presentó ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia en la cual solicitó elevar las penas carcelarias por aborto entre los 30 a 50 años, actualmente la ley estipula de dos a ocho años de prisión.
El representante del partido de oposición expuso que la propuesta es para homologar el Código Penal con el primer artículo de la Constitución de la República en el que se reconoce como persona humana a “todo ser humano desde el instante de la concepción”.
De igual forma solicitó que en la reforma se contemple la sanción de hasta dos años de cárcel para quien realice lesiones culposas al neonato, inhabilitar a médicos que causen daños al feto y sentenciar hasta con tres años de cárcel a quienes vendan productos abortivos.
Ante esta propuesta las reacciones no se hicieron esperar. La Agrupación Ciudadana llamó a los diputados a informarse sobre las causas y circunstancias que llevan a las mujeres y al personal médico a optar por la realización de una interrupción del embarazo, para que decidan a favor de las mujeres y no de su criminalización.
Morena Herrera de la Colectiva Feminista aseguró que el aumento de penas no es la solución contra el aborto, pues la criminalización aumenta el riesgo de que muchas mujeres que sufran complicaciones obstétricas no busquen ayuda médica por temor a ser denunciadas.
Por su parte Sara García, de la Agrupación, exhortó a los diputados a ser coherentes con sus propuestas y que se encaminen al beneficio de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y que “deje de reinar el machismo en las decisiones que afectan al país”.
Organizaciones internacionales como CEJIL también se pronunciaron y mostraron su preocupación ante la propuesta de ARENA, señaló que es evidente que actualmente el Estado salvadoreños lejos de promover un debate fundamentado en los derechos humanos y en las obligaciones que ha contraído de manera voluntaria, promueve un clima de represión innecesario.
“Vemos con especial preocupación la onda expansiva que tienen estas intenciones, que dan cuenta de que El Salvador es un Estado donde la discusión no se enfoca en la protección de los derechos de las mujeres. Aún más, las intenciones son de radicalizar las medidas por las que éste ha sido señalado en distintas ocasiones”, cita CEJIL en su pronunciamiento.
Se refiere a señalamientos realizados en 2013 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual alertó al Estado sobre su incumplimiento de obligaciones internacionales y lo instó a “emprender una revisión detallada de todas las leyes, normas, prácticas y políticas” que pudieran tener repercusiones discriminatorias en el acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva. Y por la recomendación ocurrida en junio de 2014 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de despenalizar el aborto y pidió que sus órganos responsables prioricen la atención en salud de las mujeres por encima de su persecución penal.
Sí a la Vida en contra de aumento de penas contra mujeres
Por su parte, Fundación Sí a la vida, una de las instituciones privadas salvadoreñas que está en contra del aborto en todas sus formas, se mostró en desacuerdo con el aumento de la pena por aborto propuesta por ARENA.
Carla de Lacayo, presidenta de Sí a la Vida, explicó a ContraPunto la razón señalando que “aquí (en El Salvador) ya hay una pena de dos a ocho años (…) la posición de Sí a la Vida no es aumentar más esa pena, porque nosotros sabemos lo que esa mujer va a sufrir después de un aborto, encima de eso aumentarle la pena, no es lo que nosotros queremos”.
Agregó que la pena que existe es suficiente, ya que una mujer que ha abortado tendrá una pena emocional y eso “es mucho más grande que los años que se le puedan dar de cárcel. Esa es la postura de nosotros”, expuso.
Sin embargo dejó claro que no están a favor con la despenalización de ninguna forma de aborto en el país. Señaló que no existe justificación alguna para terminar con la vida de un nuevo ser humano. De Lacayo expresó que no importa la circunstancia del embarazo o la condición en la que pueda nacer el bebé ya que no le corresponde al ser humano decidir si nace o no.
“Es aberrante terminar la vida por razones humanas, si es cierto que una violación es una agresión fuerte contra una mujer, pero someterla un aborto a esta mujer que ha tenido una agresión es someterla a una doble agresión (porque) al final el bebe que tiene en su ser, es hijo también de ella”, explicó De Lacayo.
De Lacayo no a hondó en detalles, pero señaló que la campaña a favor de las 17 es una excusa “una mentira” de los grupos Pro-aborto para lograr que se legalice en El Salvador “el negocio de sangre”, en referencia a los abortos. La campaña de las 17 y más, organizada por la Agrupación, busca la libertad de mujeres condenadas por homicidio agravado luego de sufrir complicaciones obstétricas.
En El Salvador un reciente estudio del UNFPA, elaborado con datos del Ministerio de Salud (MINAL), Ministerio de Educación (MINED), el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) , en 2015 hubo 83,468 mujeres embarazadas; del total, 25,132 eran adolescentes de entre 10 y 19 años.
La representante de Sí a la Vida dijo que para evitar embarazos en adolescentes y también abortos, es necesario que exista educación sexual basada en la castidad. Aclaró que como Fundación no están de acuerdo con el acceso a anticonceptivos entre adolescentes.
El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas a nivel mundial. El 20 de abril de 1998, entró en vigencia un nuevo Código Penal en el cual los diputados de la Asamblea Legislativa eliminaron las tres causales en las que el aborto era permitido.
Antes de la modificación la ley solo permitía tres tipos de abortos en El Salvador: aborto terapéutico, cuando la vida de la mujer está en peligro; eugenésico, cuando la vida del feto no es viable debido a malformaciones; y ético, cuando el bebé es producto de una violación o incesto.
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El Salvador: más años de cárcel ¿solución contra el aborto? (IHU/Adital) - Instituto Humanitas Unisinos - IHU
